Gestión pública vs gestión privada en las administraciones públicas

En los últimos meses se viene debatiendo profusamente en nuestro país sobre la idoneidad de la gestión pública o privada en la prestación de servicios públicos. Desde luego este debate no es nuevo, sin embargo diversos factores han acelerado la necesidad de plantear transformaciones profundas en el modelo de administración pública y en las relaciones entre sector público y privado que han imperado hasta ahora.

Fuente: Plataforma Publicación Estudiantil

El desempeño del servicio público por agentes públicos o privados, en aplicación de las distintas formas de gestión posibles, pasa por elaborar y definir de manera estratégica los valores que sustentan a un servicio público y los objetivos que pretende conseguir. En este sentido cobra especial relevancia el que este servicio público se preste bajo los correctos principios de ética y responsabilidad, habida cuenta de los numerosos procesos de corrupción en los que se ha visto inmersa la administración pública en la última década.  A ello habrá que unir el que consideremos este servicio como esencial o no, de acuerdo con las características que acompañan a este tipo de servicios, como una manera de aportar criterios para adoptar una u otra forma de desempeño.

No obstante, la idoneidad en cuanto a la fórmula de gestión de dicho servicio –directa, indirecta o mixta-, dependerá en gran medida de la ideología política del gobierno, como es lógico, pues ésta define cuáles son los fines que pretende alcanzar en la sociedad y con qué medios va a contar para hacerlo, lo cual ya habrá sido plasmado en la legislación que de cobertura y desarrolle al propio servicio. Por lo tanto debatir sobre si un servicio público debe ser gestionado por agentes públicos o privados quedará supeditado a este posicionamiento ideológico.

Ahora bien, dicho todo lo anterior nos podemos plantear si en realidad a estos criterios se han superpuesto otros, lo que parece responderse con un sí rotundo.

Se plantea normalmente en primer lugar en muchos foros si el criterio económico no debería ser necesariamente el que más influyera para tomar una decisión en cuanto al modo de gestión. Y es que no se puede soslayar el hecho de que, por mucho que hablemos de un servicio público con una estrategia claramente definida, ésta se vea enmarcada dentro de otra de ámbito más global, que en los tiempos que corren nos podemos imaginar que tendrá unos condicionantes de contenido marcadamente económico.

Cuestión distinta es que esto haya tenido que ser así de manera obligada, que no haya podido prevenirse eficazmente, o que sus consecuencias deban recaer con mayor rigor en unos u otros sectores de servicios públicos de manera que ahora se planteen nuevas formas de gestión hasta hace poco impensables. En cualquier caso, la situación es que se están imponiendo una serie de transformaciones estructurales que están inclinando la balanza a favor de la consideración del criterio económico como preeminente. A ello le debemos añadir que en España nos han cogido en pleno proceso de descentralización de las administraciones públicas, en una pretendida reforma "volcada en construir desde cimientos nuevos una administración general relacional, coordinadora y cooperativa" (Peña, 2010), y que sin embargo no parece haber dado los frutos deseados pues los procesos de transferencia de competencias desde la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas se han visto afectados por tensiones y resistencias diversas, además de que la entrada en juego de la Unión Europea ha influido sobremanera en crear una nueva distribución de las relaciones entre ésta y las administraciones autonómicas, al margen de las tradicionales relaciones con la administración central estatal.  

Veremos entonces cómo se sigue desarrollando este proceso más o menos descentralizador, y por ende cómo se van desarrollando los modelos de gestión en la administración, pero el informe catalán recientemente elaborado por la Comisión de Expertos de la Generalitat  en el que proponen la reforma para la administración pública, me parece un “aviso para navegantes” a tener muy en cuenta.

Es de desear que en cualquier caso estos cambios no impidan, sino más bien que impulsen, los necesarios procesos de modernización en la “nueva” administración pública que surja de la crisis.